La reciente iniciativa de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca modernizar los procesos catastrales en México, aunque no aborda de manera efectiva los incentivos para aumentar la recaudación del impuesto predial y asegurar un uso adecuado de recursos. La percepción de que las contribuciones se traducen en mejoras tangibles en el entorno es clave para que los ciudadanos cumplan con este impuesto.

Adam Smith, hace más de dos siglos, argumentó que parte del valor del suelo proviene de un buen gobierno, justificando así la imposición de un impuesto sobre la tierra. Esto indica que el valor de una propiedad no solo depende de sus características físicas, sino también de la calidad de la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos. Si estos aspectos son deficientes, es poco probable que los ciudadanos acepten un aumento en el impuesto predial sin exigir mejoras a cambio.

El desafío incluye construir confianza y legitimidad fiscal. Aunque la nueva ley busca modernizar el sistema catastral, simplemente actualizar los procesos de cobro no garantiza mejoras en los servicios ni fomenta mayor confianza en los contribuyentes. Muchos propietarios siguen pagando su impuesto sin tener claro el destino de su dinero, causando desconfianza en la administración pública y reflejándose en el estado deplorable de calles y espacios públicos.

Un sistema de predial bien estructurado podría mejorar la calidad de los servicios públicos municipales y la seguridad. Sin embargo, muchos municipios no están aprovechando esta oportunidad. Datos indican que el 14% de los municipios no realizan actividades catastrales ni cobran el impuesto predial. En 2024, se proyectó que los municipios de 31 entidades recaudarían más de 90 mil millones de pesos, pero solo cobraron alrededor de 48,700 millones, menos de la mitad de lo esperado.

Para que la recaudación del impuesto predial sea efectiva, es crucial que los municipios asuman su responsabilidad en la mejora de servicios públicos, destilando los recursos recaudados a proyectos que beneficien directamente a las comunidades. Se propone que parte del impuesto predial se utilice específicamente para mejorar infraestructura local y seguridad, buscando establecer un vínculo claro entre las contribuciones de los ciudadanos y los resultados visibles en sus colonias.

Reciprocidad Fiscal

La noción de "reciprocidad fiscal" es esencial: el cumplimiento de las obligaciones fiscales se fortalece cuando los ciudadanos ven que sus aportaciones se traducen en beneficios concretos. Es crucial hacer visible el impacto positivo de la contribución al bien común.

Existen ejemplos internacionales que respaldan esta propuesta. En Estados Unidos, la recaudación del impuesto sobre la propiedad se distribuye entre diferentes jurisdicciones que ofrecen servicios, incluidas las educativas. En Nueva York, los distritos de mejora empresarial cobran contribuciones para el mantenimiento y la seguridad de sus áreas. En Santa Fe, Argentina, la mejora de banquetas incentivó a los propietarios a cumplir con sus obligaciones fiscales.

En México, hay evidencias de que mejorar las condiciones locales puede aumentar la recaudación del impuesto predial. En Acayucan, Veracruz, la pavimentación de calles aumentó el cumplimiento del impuesto entre los propietarios beneficiados. Iniciativas de este tipo son clave para transformar la percepción del predial en un motor de desarrollo local.