Programas de subsidio de transporte público en diversas ciudades de América Latina están adoptando modelos de focalización basados en datos socioeconómicos y tipologías poblacionales específicas. En Bogotá, la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado ofrece recargas de pasajes gratuitos beneficiando a más de 750,000 personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, con una inversión pública que supera los $11,400 millones de pesos. Este enfoque refleja una tendencia regional hacia políticas de movilidad urbana que se integran con sistemas de protección social, reconociendo que el acceso al transporte es vital para la inclusión laboral, educativa y sanitaria.
La segmentación del programa en Bogotá se basa en criterios de vulnerabilidad diferenciados. Los adultos mayores representan 337,000 beneficiarios, con una inversión de $3,571 millones; las personas con discapacidad suman 161,000 beneficiarios con $2,943 millones asignados; y la población en condición de pobreza alcanza 255,000 personas con $4,925 millones. Además, se incorporan grupos históricamente excluidos, como exhabitantes de calle y residentes en viviendas tipo pagadiarios. Esta segmentación optimiza los recursos públicos al ajustar la cantidad de pasajes según el perfil socioeconómico y la clasificación en sistemas de información como el Sisbén IV, variando entre uno y 22 pasajes mensuales.
El acceso al programa se realiza con tarjetas personalizadas que se activan en taquillas del sistema de transporte, sin requerir inscripción adicional. La asignación es automática para quienes cumplen con los criterios establecidos, eliminando barreras administrativas. Desde febrero de 2026, se han incorporado nuevos grupos poblacionales con asignaciones diferenciadas: personas en viviendas precarias reciben entre cinco y siete pasajes; adultos mayores en programas comunitarios de cuidado acceden a ocho pasajes; y exhabitantes de calle en hospedaje social tienen derecho a 22 pasajes mensuales. Este modelo de política pública ilustra cómo los gobiernos locales están integrando tecnología de identificación y criterios de focalización sofisticados para expandir la cobertura de servicios esenciales, demostrando que los subsidios bien focalizados pueden ser herramientas de inclusión laboral y educativa.
