La Ley de Economía Digital impulsará la fiscalización del SAT y la lucha contra el lavado de dinero
La propuesta de Ley de Economía Digital ha suscitado un amplio debate en el ámbito fiscal y contable. A pesar de que en su exposición de motivos no se abordan directamente los temas de fiscalización ni de prevención del lavado de dinero, se reconoce que la digitalización de los pagos generará un impacto significativo en la manera en que las autoridades fiscales llevan a cabo su labor. Esta transformación permitirá a las instituciones contar con información valiosa para la fiscalización y la prevención de actividades ilícitas.
La digitalización de los pagos deja un rastro claro en el sistema financiero, facilitando el acceso a datos relevantes para las autoridades fiscales. A través de depósitos en cuentas bancarias y transferencias electrónicas, se generan evidencias que no son posibles de obtener cuando se utiliza efectivo. En la actualidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se basa en la solicitud y cruce de registros contables, declaraciones y estados de cuenta bancarios durante una auditoría. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley, se prevé que este proceso se simplifique considerablemente.
De acuerdo con expertos en la materia, con la nueva regulación no será necesario contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ni mantener una contabilidad formal. La Clave Única de Registro de Población (CURP), junto con la identificación del contribuyente y sus movimientos bancarios, será suficiente para llevar a cabo una auditoría. Esto implica que cualquier ingreso depositado será considerado automáticamente, a menos que el contribuyente pueda demostrar lo contrario.
Durante una reciente reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el sector contable enfatizó la importancia de proteger a los contribuyentes de presunciones automáticas por parte del SAT. Se destacó la necesidad de garantizar certeza fiscal, ya que la existencia de un pago digital no debe interpretarse automáticamente como un ingreso acumulable para empresas y personas físicas. Esta perspectiva es crucial para los tomadores de decisiones en México, quienes deben estar atentos a las implicaciones que esta ley tendrá en la relación entre el fisco y los contribuyentes, así como en el entorno empresarial del país.