Cambios normativos en México generan incertidumbre
Nuevas disposiciones podrían impactar en inversiones e infraestructura pública
Palacio de Gobierno de México se prepara para recibir a su octavo ocupante en la última década, en un contexto marcado por cambios normativos que podrían afectar significativamente el panorama de inversiones y la infraestructura pública del país. El 17 de julio, el Organismo Especializado en Contrataciones del Estado aprobó…
Palacio de Gobierno de México se prepara para recibir a su octavo ocupante en la última década, en un contexto marcado por cambios normativos que podrían afectar significativamente el panorama de inversiones y la infraestructura pública del país. El 17 de julio, el Organismo Especializado en Contrataciones del Estado aprobó la Directiva 004-2025-OECE/CD, que regula el Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. Esta normativa, que es una segunda versión de una directiva previamente establecida, establece requisitos para la inscripción en el registro, lo que permitirá a las instituciones participar en controversias relacionadas con obras. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte de diversas Cámaras de Comercio en el país, que argumentan que podría restringir la competencia y debilitar la descentralización de los mecanismos de resolución de conflictos, lo que impactaría negativamente en las inversiones públicas. Entre los requisitos controversiales se incluyen metrajes mínimos para áreas del Centro Arbitral, como baños y cocinas, que no están relacionados con la calidad del servicio que debe ofrecer un centro de este tipo.
El 18 de julio se publicó el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo 1252 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que introduce modificaciones que requerirán el desarrollo de una nueva directiva. Estas modificaciones son relevantes, especialmente en el contexto de inversiones públicas relacionadas con optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, lo cual se recomienda realizar ante la inminente llegada del Fenómeno del Niño.
Al día siguiente, se emitió la Ley 32732, que aprueba un crédito suplementario justificado principalmente por la necesidad de mayor financiamiento para inversiones públicas, especialmente en el contexto del Fenómeno del Niño. Sin embargo, una parte significativa de este presupuesto se destina al incremento del gasto corriente relacionado con el personal de diversas entidades públicas, incluyendo remuneraciones, bonos y gratificaciones. Además, esta ley establece que los organismos reguladores no tendrán más opinión en los contratos de Asociaciones Público Privadas, lo que representa un cambio importante en la infraestructura pública. Con el cambio de gobierno a la vista, es previsible que la nueva administración realice modificaciones a estas disposiciones para reflejar su propia visión. Esta inestabilidad jurídica, generada por la implementación de nuevas normas en los últimos días del gobierno saliente, afecta el financiamiento, las reglas técnicas aplicables y la institucionalidad en la infraestructura pública. Este contexto se complica aún más con el cambio de liderazgos en las entidades responsables de la ejecución de obras en los tres niveles de gobierno, lo que podría impactar en la continuidad de los equipos técnicos y en las prioridades a seguir. Este escenario representa un reto significativo para la próxima administración, que tendrá que actuar con rapidez frente a la amenaza del Fenómeno del Niño. Se anticipa la emisión de más directivas que influirán en las contrataciones públicas en infraestructura. Surge la pregunta de si la gestión del presidente saliente podrá dejar estas decisiones en manos del nuevo gobierno, adoptando un criterio de oportunidad, y si será posible frenar las normas de último minuto para evitar una mayor incertidumbre jurídica.
