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Irregularidades en contrataciones gubernamentales

Dos empresas inhabilitadas tras investigaciones de la Secretaría Anticorrupción

Se han impuesto sanciones severas a dos empresas que proveían servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a irregularidades en sus procesos de contratación. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control del IMSS, inhabilitó a Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C.

Redaccion 1000N·21/7/2026
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Irregularidades en contrataciones gubernamentales

Se han impuesto sanciones severas a dos empresas que proveían servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a irregularidades en sus procesos de contratación. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control del IMSS, inhabilitó a Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., prohibiéndoles participar en futuras contrataciones con la Administración Pública Federal. Las investigaciones revelaron que Alta Especialidad de Medicina y Capacitación presentó información falsa en un proceso de adjudicación destinado al traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología. La empresa había asegurado que ninguno de sus accionistas era servidor público, pero se descubrió que uno de ellos sí tenía un cargo en el IMSS, lo cual contravenía las normas establecidas. Esta compañía ahora enfrenta una inhabilitación de un año y tres meses, además de una sanción económica. Por otro lado, Protein, S.A. de C.V. incumplió con un contrato de suministro al no presentar la garantía de cumplimiento ni entregar un lote de cloroquina, violando así los términos de un contrato abierto para la adquisición de medicamentos. Ambas empresas han sido registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, limitando su capacidad de participar en futuras contrataciones con el gobierno durante el periodo de inhabilitación. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Secretaría Anticorrupción para garantizar transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, especialmente en el sector salud.

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