Decisiones judiciales sobre autopistas rescatadas en España
El Tribunal Supremo urge al recalculo de indemnizaciones por infraestructuras estatales
El Tribunal Supremo de España ha emitido un fallo clave respecto a las indemnizaciones que el gobierno debe pagar por el rescate de autopistas construidas a finales de los años noventa. En un contexto de crecimiento económico, estas vías fueron desarrolladas, pero posteriormente enfrentaron dificultades financieras durante la crisis económica…
El Tribunal Supremo de España ha emitido un fallo clave respecto a las indemnizaciones que el gobierno debe pagar por el rescate de autopistas construidas a finales de los años noventa. En un contexto de crecimiento económico, estas vías fueron desarrolladas, pero posteriormente enfrentaron dificultades financieras durante la crisis económica global, llevando al gobierno de Mariano Rajoy a intervenir.
La reciente sentencia del Supremo se centra en dos autopistas específicas, la R-3 y la R-5 de Madrid, que junto a un tramo de la M-50, fueron objeto de un cálculo de indemnización que el Tribunal ha anulado. Dicho cálculo, realizado en diciembre de 2023, había establecido un pago de 570 millones de euros bajo la figura de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Sin embargo, el Supremo ha determinado que este cálculo, que ya suponía un incremento respecto a evaluaciones previas, no se ajustaba a derecho y debía ser revisado para compensar adecuadamente a las concesionarias por sus inversiones.
La gestión de estas autopistas ahora recae en la sociedad pública SEITT, aunque la deuda resultante fue adquirida por fondos de titulación, quienes también tienen un interés en el proceso de indemnización estatal. Este fallo subraya el interés legítimo de las constructoras en impugnar el cálculo de indemnizaciones, destacando que el objetivo es establecer una cuantificación precisa y legal de la responsabilidad patrimonial, más allá de cualquier reclamación de deuda original. En este contexto, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto hasta ahora un desembolso provisional de 1,684 millones de euros por parte del Estado, una cifra que aún podría variar conforme se resuelvan los procesos pendientes.
