Nueva guía para regular la inteligencia artificial en el sector público
El Estado busca mitigar riesgos asociados al uso de IA mediante un enfoque preventivo
Sindicatura General de la Nación ha implementado una guía para regular el uso de la inteligencia artificial en el sector público nacional, con el objetivo de establecer un marco que fomente la adopción responsable de estas tecnologías en los organismos estatales. La guía, formalizada a través de la Resolución SIGEN…
Sindicatura General de la Nación ha implementado una guía para regular el uso de la inteligencia artificial en el sector público nacional, con el objetivo de establecer un marco que fomente la adopción responsable de estas tecnologías en los organismos estatales. La guía, formalizada a través de la Resolución SIGEN 197/2026, promueve un enfoque preventivo basado en riesgos para alinear las iniciativas de IA con los objetivos institucionales y los principios de integridad y transparencia.
El desarrollo de esta herramienta se basó en un análisis del avance de la IA en diversas áreas de la administración pública. Este análisis reveló numerosos proyectos en curso y la necesidad de robustecer los mecanismos de control para mitigar los riesgos relacionados con la adopción de inteligencia artificial. La guía destaca que, aunque la IA ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia y calidad en la gestión pública, también plantea desafíos en su implementación. Establece que los controles internos deben cumplir con la normativa vigente y la gestión pública responsable, proponiendo un marco que refuerce la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de la IA.
Alejandro Díaz, titular de la SIGEN, explicó dos modalidades principales de uso de la IA en el Estado: el uso individual de herramientas generativas por los agentes públicos y el uso de sistemas de inteligencia artificial integrados en procesos organizacionales, que requieren entrenamiento previo de algoritmos. En el primer caso, la mitigación de riesgos depende de políticas institucionales y capacitación; en el segundo, se deben implementar controles específicos durante todo el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas. La guía también aborda políticas institucionales para regular el uso de IA en organismos públicos, destacando la necesidad de políticas claras para mitigar riesgos como la divulgación no autorizada de información confidencial, el tratamiento inadecuado de datos personales, la dependencia tecnológica de proveedores externos y la falta de criterios para validar la calidad de los resultados generados por sistemas de IA. Este enfoque integral busca proteger la integridad de la información pública y promover un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la ciudadanía.
